Acciones afirmativas

Título de la sentencia

SUP-JE-1053/2023 y acumulados

Descripción

Sala que resolvió: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sentencia elaborada por: Magistrada Janine M. Otálora Malassis.

Engrose elaborado por: Magistrado José Luis Vargas Valdez.

Partes en pugna:

Ricardo Landa Patiño.
Cámara de Diputados y Senado de la República.

Cadena impugnativa:

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fecha de la emisión de la sentencia: 13 de septiembre del 2023.

Antecedentes

El 2 de marzo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ese mismo día se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ricardo Landa Patiño, con domicilio en Garland Texas, Estados Unidos de América, promovió un juicio electoral en el que denunció la omisión legislativa del Congreso de la Unión de proteger los derechos político-electorales de las personas mexicanas residentes en el extranjero, particularmente del derecho de votar por diputaciones federales, locales y ayuntamientos, así como del derecho a ser votadas para presidencia de la República, senadurías, gubernaturas y jefatura de gobierno, diputaciones federales, locales y de integrantes de ayuntamiento.

El 13 de septiembre de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó el proyecto de resolución elaborado por la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, en el que se proponía declarar la existencia de la omisión legislativa. Dado que el proyecto fue rechazado por mayoría de votos, se designó encomendó al Magistrado José Luis Vargas Valdez la elaboración del engrose correspondiente.

Cuestión a resolver (Litis)

El problema jurídico se centró en determinar si existía omisión legislativa de regular el voto de las y los mexicanos en el extranjero para la presidencia de la República, así como para senadurías, gubernaturas (incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México), diputaciones federales, locales y ayuntamientos.

Argumentos

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró inexistente la omisión legislativa. Para ello, planteó que el artículo 36 de la Constitución general establece que todo ciudadano tiene obligación de votar en las elecciones “en los términos que señale la ley”, esto es, que compete a quien legisla establecer los requisitos, términos y condiciones en que habrá de ejercerse el derecho de voto. Con base en ello, concluyó que es válido que el legislador determine parámetros para que las y los ciudadanos que residen el extranjero puedan ejercer su derecho a votar en las elecciones de presidencia de la República y senadurías, y no así para diputaciones federales.

Por cuanto hace a la residencia, consideró que el requisito también es válido debido a que, para acceder a los cargos de presidente de la República, senadurías y diputaciones al Congreso de la Unión, la Constitución fija determinadas reglas, lo cual supone que el legislador federal ordinario está impedido para emitir normas que resulten contrarias a la constitución.

Por último, se consideró que no existe una obligación que vincule a los congresos locales a prever la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero ejerzan su derecho a votar y ser votados, ya que eso corresponde al ámbito de libertad de la configuración normativa de cada una de las entidades federativas, por tanto, no es posible concluir que el Congreso de la Unión incurrió en alguna omisión.

Votación

Se aprobó por mayoría con los votos de los Magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y con los votos en contra de las Magistradas Janine M. Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso, y del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Voto particular conjunto que emiten el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la Magistrada Janine M. Otálora Malassis

La Magistrada y el Magistrado consideraban que se debía determinar la existencia de la omisión legislativa, ya que, el artículo 35, fracción I, de la Constitución federal reconoce, como uno de los derechos de la ciudadanía, el de votar en las elecciones populares. En consecuencia, la normativa vigente para el ejercicio del derecho de las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero de votar por diputaciones federales no es acorde a la Constitución federal, ya que limita la posibilidad de votar en las diputaciones federales. Para ellos lo procedente era dar vista a los treinta y dos congresos locales a fin de que, en ejercicio de su autonomía y libertad de configuración legislativa, llevaran a cabo las acciones tendentes a garantizar a las personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, en el ámbito de su competencia.

Voto particular que formula la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

El disenso de la Magistrada radicó en la admisión de la demanda, toda vez que considera que no se actualiza la competencia del TEPJF para conocer de omisiones legislativas atribuidas al Congreso de la Unión. Lo anterior, porque el Tribunal carece de competencia y atribuciones para ordenarle al Congreso de la Unión la emisión de normas cuando se demande una supuesta omisión legislativa.

Relevancia

El precedente es importante ya que se analiza los alcances que debe tener la regulación del voto de las personas mexicanas que viven en el extranjero.

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07.SUP-JE-1053_2023.pdf

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https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-JE-1053-2023.pdf

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sala

La paridad sustantiva y la VPG se debe regular en los estatutos de los partidos, no solo en reglamentos o protocolos

urielaltamirano — Sat, 09 Dec 2023 19:52:00 +0000

La paridad sustantiva y la VPG se debe regular en los estatutos de los partidos, no solo en reglamentos o protocolos

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urielaltamirano Sáb, 09/12/2023 - 13:52

Fecha

Mié, 06/09/2023 - 12:00

Tema

Autor

Título de la sentencia

SUP-RAP-181/2023

Descripción

Sentencia elaborada por: Magistrada Janine M. Otálora Malassis.

Partes en pugna:

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Movimiento Ciudadano.

Autoridad que resuelve: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cadena impugnativa:

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fecha de emisión de la sentencia: 6 de septiembre del 2023.

Antecedentes

El INE aprobó los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género; así como los criterios mínimos para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas, por lo que se ordenó a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos a los citados lineamientos.

En atención a ello, el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano en 2022 aprobó las modificaciones a los documentos básicos del partido. Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE solicitó a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación pronunciarse sobre si los documentos básicos de Movimiento Ciudadano cumplían con lo ordenado en los Lineamientos que emitió el Consejo General del Instituto.

El dictamen de la Unidad de Género concluyó las modificaciones que efectuó el partido no cumplen con lo ordenado respecto a la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas, ya que no se enfatizaba en el ámbito político e intrapartidario el papel de las mujeres. También se detectó que no se preveían sanciones contra la violencia política en razón de género (VPG), ni se señalaban cuáles serán los mecanismos que el partido aplicaría en estos casos.

Derivado de lo anterior el Consejo General del INE determinó que el partido político cumplió de manera parcial lo ordenado por los lineamientos. Inconforme con esa determinación, Movimiento Ciudadano promovió el presente recurso de apelación.

Cuestión a resolver (Litis)

El problema jurídico se centró en determinar si Movimiento Ciudadano cumplió con los parámetros establecidos en los lineamientos del INE para la paridad sustantiva y la atención de la VPG al modificar sus documentos básicos.

Argumentos

Movimiento Ciudadano consideró que la resolución del INE era incorrecta, pues en su normativa interna (incluidos el Reglamento para atender, sancionar, reparar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; el Reglamento de Justicia Intrapartidaria; el Reglamento de Mujeres en Movimiento; el Protocolo para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; y la Carta de identidad) sí se regulan los mecanismos para conocer y resolver casos de VPG, así como la paridad sustantiva.

La Sala Superior confirmó lo resuelto por el INE ya que, como lo había señalado el Instituto, el hecho de que lo relativo a VPG y paridad sustantiva se encuentre regulado en reglamentos y protocolos partidistas, no exime a los institutos políticos de la obligación de modificar sus documentos básicos (estatutos) para establecer la regulación de estas cuestiones y, por tanto, de apegarse a los parámetros establecidos en la Constitución federal y la LGPP y los lineamientos del INE.

Votación

Se aprobó por unanimidad con los votos de las Magistradas Janine M. Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso; así como de los Magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales.

Relevancia

Lo relevante de la sentencia consiste en que se determina la paridad sustantiva y la regulación respecto de la VPG deben preverse en los estatutos de los partidos y no solo en reglamentos o protocolos.

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01.SUP-RAP-181_2023.pdf

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https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-RAP-0181-2023.pdf

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sala

¿Están obligados los institutos electorales locales a elaborar y expedir normas sobre violencia política contra las mujeres?

urielaltamirano — Fri, 08 Dec 2023 23:30:30 +0000

¿Están obligados los institutos electorales locales a elaborar y expedir normas sobre violencia política contra las mujeres?

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urielaltamirano Vie, 08/12/2023 - 17:30

Fecha

Mié, 16/08/2023 - 12:00

Tema

Autor

Título de la sentencia

SUP-JDC-241/2023

Descripción

Sentencia elaborada por: Magistrada Janine Otálora Malassis

Magistrado encargado del engrose: Reyes Rodríguez Mondragón

Partes en pugna:

Parte Actora: Perla Rocío Pedroza Vélez y otras mujeres
Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Morelos TEEM

Autoridad que resuelve: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Cadena impugnativa:

Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana (IMPEPAC)
Sala Regional Ciudad de México del TEPJF
Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM)
Sala Regional Ciudad de México del TEPJF
Sala Superior TEPJF

Fecha de emisión de la sentencia: 16 de agosto de 2023

Antecedentes

En abril de 2023, Perla Rocío Pedroza Vélez solicitó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana la instalación de mesas de trabajo para elaborar y expedir un Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. Derivado de la solicitud, el Instituto electoral invitó a Perla Pedroza y a otras mujeres a una reunión de trabajo.

La reunión no dio pie a la expedición del reglamento, razón por la cual Perla Pedroza y otras mujeres promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional Ciudad de México. Dicha Sala consultó a la Sala Superior si podía resolver el caso. Una vez que contó con el visto bueno, decidió reencauzar el caso al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (SUP-JDC-195/2023).

El TEEM consideró que el IMPEPAC no tenía obligación de emitir reglamento alguno, lo cual propició que las denunciantes acudieran nuevamente a la Sala Regional Ciudad de México para impugnar esta decisión (TEEM-JDC-32/2023).

La Sala Regional consultó de nueva cuenta a la Sala Superior sobre su capacidad para resolver el caso. La decisión fue que este segundo órgano debía ser el que resolviera el caso (SUP-JDC-241/2023), que a continuación se detalla.

Cuestión a resolver (Litis)

La Sala debió determinar si fue correcta la resolución del TEEM y, en su caso, ordenar la emisión del reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres.

Argumentos

El 16 de agosto, se rechazó por mayoría de votos el proyecto de resolución de la Magistrada Otálora. En consecuencia, se le encargó una nueva versión al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Las denunciantes argumentaron que los instrumentos existentes para combatir la Violencia Política en Razón de Género (VPRG) no eran suficientes para proteger a las mujeres en el estado y, además, que el Reglamento del Régimen Especial Sancionador de Morelos no prevé casos de VPRG y, por tanto, era inadecuado para combatir las conductas de este tipo. Asimismo, consideraron que el tribunal local no valoró los argumentos que cada actora dio en la instancia local, y tampoco revisó los resultados de la mesa de trabajo a la que asistieron.

Finalmente, argumentaron que el IMPEPAC debió emitir el reglamento solicitado con base en la situación histórica, el artículo 1° constitucional y la Jurisprudencia 9/2015 del TEPJF,[1] ya que, además, el propio TEEM reconoció que el IMPEPAC tiene facultades para emitir el reglamento en controversia.

En su análisis, la Sala Superior determinó que no existe una obligación jurídica específica del instituto electoral local de emitir un reglamento especializado para quejas en materia de VPG, pues los instrumentos jurídicos del estado se reconocen como eficaces y eficientes para atender los casos mencionados, aún en la ausencia de un reglamento como el solicitado. En ese sentido, la Sala reconoce que hay otras vías disponibles para tratar los casos de VPRG.

Del mismo modo, la Sala Superior decidió que en el estado de Morelos no se advertía una situación especial que justifique la emisión de un reglamento de VPRG; además de que los recursos y herramientas disponibles en esa entidad federativa son adecuados en conjunto con otras herramientas jurídicas a nivel nacional. En otras palabras, el hecho de que no exista el reglamento solicitado no significa que las mujeres se encuentren en un estado de indefensión jurídica.

En conclusión, se confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Votación

La sentencia se aprobó por mayoría con los votos a favor de los Magistrados Indalfer Infante Gonzales, José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón, quien emitió voto de calidad. En contra votaron el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y las magistradas Janine Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso. E Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera estuvo ausente.

Argumentos de los votos concurrentes y/o disidentes

Voto particular Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

En la postura de la magistrada, la sentencia del TEEM debió ser revocada porque la facultad de reglamentar es obligatoria y no optativa debido a tres razones:

a) Existe un deber constitucional y convencional del Estado mexicano de dictar todas las medidas que garanticen el combate efectivo contra la VPRG, que abarca al Instituto local.

b) Era válido y posible emitir un instrumento normativo que fuese más sencillo, eficaz y claro para la presentación de quejas y denuncias en materia de VPRG.

c) La exigencia de una carga de prueba a las mujeres morelenses sobre la efectividad de la normativa actual fue desproporcionada.

Voto particular Magistrada Janine Otálora Malassis y Felipe de la Mata Pizaña

Para los magistrados, la decisión debió ser revocar parcialmente la sentencia controvertida y vincular al IMPEPAC para que emitiera el Reglamento en cuestión. Lo anterior en virtud de que, si bien existen otras normas para hacer frente a la VPGR, el Estado mexicano está obligado a que sus instituciones emitan los instrumentos necesarios para prevenir y combatir la VPRG.

Relevancia

En esta sentencia la Sala Superior hace un análisis que pondera la necesidad o no de emitir un reglamento adicional a nivel estatal sobre Violencia Política en Razón de Género, a partir de una solicitud expresa de ciudadanas.

[1] INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015.

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11.SUP-JDC-241_2023.pdf

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https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-JDC-0241-2023.pdf

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sala

La construcción del camino a la igualdad en la sentencia SUP-JE-1042/2023

urielaltamirano — Tue, 05 Dec 2023 21:53:39 +0000

La construcción del camino a la igualdad en la sentencia SUP-JE-1042/2023 urielaltamirano Mar, 05/12/2023 - 15:53

Título de la sentencia

SUP-JE-1042/2023 Por Sandra Serrano

Descripción

Para citar este texto se sugiere: Serrano García, S. (2023). La construcción del camino a la igualdad en la sentencia SUP-JE-1042/2023. En Justicia Electoral en Movimiento. IIJ-UNAM-TEPJF-EJE.

El presente texto es parte de un proyecto académico de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Judicial Electoral.

Todos los derechos reservados.
ISBN en trámite

Sumario: I. Introducción; II. Derechos dinámicos y evolutivos; III. Los derechos de las personas trans; IV. Una sentencia rumbo a la igualdad; V. Reflexiones finales; VI. Fuentes consultadas.

I. Introducción

La protección de los derechos humanos no es un camino en línea recta. Muchas veces las políticas inicialmente creadas para garantizarlos requieren adecuaciones, tanto por la ampliación del contenido y alcance de los derechos, como por las necesidades de ajuste institucional para brindar la mayor protección posible. Esto es particularmente cierto tratándose de los derechos de grupos que han sido marginados. El reconocimiento paulatino de las relaciones asimétricas de poder y, por tanto, de los derechos de estos grupos conlleva la necesidad de realizar ajustes en las políticas de protección a partir del reconocimiento de los derechos.

La sentencia del Juicio Electoral SUP-JE-1042/2023 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Superior, muestra esta necesidad de adecuación del andamiaje institucional en torno a la protección de los derechos de las personas trans. La actora de la demanda impugna un Acuerdo General del INE por el cual se aprueba incluir en el apartado de “sexo” de la credencial para votar una “X” para el caso de las personas trans no binarias sin necesidad de que hubiesen realizado trámite registral alguno para dar cuenta de su identidad de género. El problema jurídico planteado es si esta decisión para las personas trans no binarias es limitativa y discriminatoria para las personas trans binarias, en tanto que para ellas el acuerdo respectivo del INE sí exige el cambio registral para modificar el sexo en la credencial para votar y los datos que ésta conlleva.

A partir del reconocimiento de los derechos a la identidad de género de las personas trans binarias y no binarias, la sentencia permite reconocer el dinamismo que conlleva la protección de los derechos. Un determinado arreglo institucional puede ser el más adecuado en un momento determinado, pero la propia ampliación de derechos puede hacer que devenga en un marco menos protector. El punto medular, como lo reconoce la sentencia, está en justificar el cambio y realizar, en paralelo, las correcciones necesarias para que todos los derechos tengan la máxima protección posible.

Estos ajustes en la garantía institucional de los derechos humanos son intrínsecos al funcionamiento mismo de los derechos humanos. Su lógica es evolucionar para responder a los contextos y a las personas marginadas de la protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos “cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” (CorteIDH, 1999, 2012c, 2012b, 2012a, 2021). En este sentido, arreglos preliminares para la protección de las personas pueden resultar en menos protectores a la luz del cambio de las condiciones y del avance en el reconocimiento de los derechos. De ahí que los órganos encargados de la protección y, por supuesto, los órganos jurisdiccionales deben adecuar y adaptar la institucionalidad que protege estos derechos.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación es uno de los más dinámicos. La marginalización de muy amplios grupos poblacionales del goce y ejercicio de los derechos ha llevado a un dinamismo constante de este derecho para reconocer derechos y especificar sus efectos. Tal vez es aquí donde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha tenido el mayor avance desde los años 90 a la fecha. La expresión de cada derecho se ha visto intervenida para hacer visible y hacerse cargo de las discriminaciones que viven distintos grupos sociales. El reconocimiento de los derechos en torno al género ha sido uno de los más complejos para el DIDH y las legislaciones nacionales. Los estereotipos que persisten en torno al sexo y al género han sembrado de obstáculos el amplio reconocimiento de los derechos y la adopción de políticas institucionales para su protección (Charlesworth and Chinkin, 2000) y han retrasado la adopción de medidas adecuadas para hacerse cargo de las asimetrías de poder.

La sentencia de la Sala Superior es relevante por hacerse cargo de los derechos de acuerdo con los distintos grupos sociales en marginación, así como de reconocer la necesidad de ajustar los arreglos institucionales. En síntesis, se trata de una sentencia cuyos resultados pueden enmarcarse en la lógica de la evolución de los derechos humanos, particularmente de las personas trans binarias y no binarias para el ejercicio del derecho a la identidad y otros más que se derivan de este derecho clave para el grupo social.

El análisis que se presenta en este capítulo busca dar cuenta de este dinamismo de los derechos que explica el ajuste de las políticas institucionales solicitadas al Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de la Sala Superior en esta sentencia. Para ello, el capítulo parte de la importancia de considerar a los derechos como dinámicos, particularmente, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La operación de este derecho, aparentemente sencilla, reviste retos importantes para las autoridades jurisdiccionales que en muchas ocasiones no pueden ser resueltos de una sola vez. En el segundo apartado, el capítulo presenta un panorama general de los derechos de la diversidad sexual y, en particular de las personas trans, que poco a poco han adquirido un espacio en el DIDH. En tercer lugar, se ahondará en el análisis específico de la sentencia a la luz del dinamismo de los derechos y del derecho a la igualdad y la no discriminación. Para hacer este análisis se contextualiza la sentencia en el diseño institucional creado por el INE para el reconocimiento de los derechos de identidad de género de las personas trans binarias y no binarias, y que dieron origen a la controversia analizada por la Sala Superior. Esto permitirá explicar el sentido y alcance de la propia sentencia y ubicarla como un andamiaje en la construcción constante que implican los derechos humanos. El texto cierra con unas reflexiones finales.

II. Derechos dinámicos y evolutivos

La CorteIDH ha sostenido que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” (CorteIDH, 2012a). Este dinamismo de la interpretación de los derechos humanos va de la mano del contexto en el que los derechos son aplicados y las personas a las que deben servir. La discusión que se encuentra en el fondo es la del principio de universalidad. Este principio, reconocido en el artículo 1º constitucional, se sustenta en la moralidad básica de los derechos humanos, en tanto los derechos se adscriben a todos los seres humanos y son exigibles en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal (Peces-Barba, 1994).

Sin embargo, su efecto práctico es más relevante aún si se le piensa como igualdad en lo concreto, donde la universalidad de los derechos depende del contexto de opresión. En efecto, los derechos humanos tienen razón de ser en la medida que logran ser efectivos para la protección de las personas. “Si la universalidad significa que todas las personas puedan ejercer los mismos derechos, las diferentes condiciones contextuales son el punto de partida para dotar de sentido práctico a la universalidad” (Serrano y Vázquez 2021, 54–5). El principio de universalidad, por tanto, ilumina la interpretación de los derechos no tanto porque los derechos se prediquen de todas las personas, sino porque los derechos solo pueden ser entendidos a partir de las personas y su contexto.

Desde la Conferencia de Viena de 1993 este enfoque respecto de los derechos humanos ha sido clave para entenderlos e interpretarlos. Hoy los derechos humanos no tienen una sola interpretación o definición sino que, a partir de un entendimiento general sobre el derecho en cuestión, las interpretaciones dependen de los distintos contextos y de las personas a las que se les apliquen. El principio de igualdad corre de la mano del de universalidad. Se trata, siguiendo a Ferrajoli, de un modelo de igual valoración jurídica de las diferencias. Donde las distintas identidades sean valoradas y las diferencias visibilizadas, para evidenciar las relaciones de poder, sumisión y desigualdad que suponen esas diferencias (Ferrajoli, 2002).

De hecho, los derechos humanos pasaron por un proceso de la generalidad a la especificidad. En la generalidad, los derechos eran entendidos como iguales para todas las personas, sin reconocer las diferencias que su ejercicio efectivo conlleva. Los derechos reconocidos en los tratados generales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se entendían como iguales para todas las personas. Los casos remitidos a los órganos de protección, sin embargo, dieron cuenta de las dificultades que planteaba la protección de esos derechos para ciertos grupos sociales. Ello dio lugar a la adopción de tratados internacionales específicos, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Es decir, se pasó de la generalidad en el entendimiento de los derechos a la especificidad.

Sin embargo, este camino tampoco fue la solución. El énfasis en las diferencias dio lugar a que se considerara que los derechos contenidos en esas convenciones específicas eran los derechos de los grupos titulares y no así el andamiaje general de los derechos humanos. Si bien la especialidad resultó clave para incorporar a los grupos discriminados, tampoco resolvió el problema de entender a todos los derechos para todas las personas.

El siguiente paso, por tanto, fue considerar una especie de generalidad recaracterizada (Cook, 1997), donde los derechos contenidos en los tratados generales fueran entendidos a partir de las condiciones de exclusión de los grupos sociales en discriminación. Así, el derecho a la libertad de circulación o el derecho a no ser torturado encontraban límites cuando lo que se buscaba era la protección de las mujeres, por ejemplo. En muchos de estos casos las agresiones a las mujeres ocurrían en la esfera privada y no en la pública, con la consecuente exclusión de su sufrimiento del andamiaje de los derechos humanos. Parecía que el DIDH daba la señal de que había sufrimientos permitidos (los provocados por particulares) y los prohibidos (los generados por agentes estatales).

Por ejemplo, al pensar en la libertad de circulación, la primera forma en la que se suele pensar su violación es con la existencia de retenes que impiden el paso de un lugar a otro. Sin embargo, este derecho se ve igualmente afectado cuando se prohíbe que una mujer circule por una ciudad sin la compañía de un hombre adulto (padre, hermano, esposo, hijo mayor de edad). El reconocimiento de una situación similar llevó al Comité de Derechos Humanos a emitir la Observación General 28, donde realiza una relectura de los derechos contenidos en el PIDCP a partir de los impactos en las mujeres de las violaciones a esos derechos (Comité de Derechos Humanos, 2000).

Otro ejemplo, la regulación en torno a la tortura hace énfasis en el mecanismo y los fines de dicha conducta prohibida, pero deja de lado las incidencias diferenciadas de la conducta en las personas. Hasta hace muy poco la violencia y la tortura sexual no eran reconocidas como una violación a derechos humanos. Estas violaciones se abrieron paso en la jurisprudencia internacional no solo para reconocer su existencia, sino también sus impactos diferenciados en las mujeres. Por ejemplo, la CorteIDH reconoció la violencia sexual apenas en el Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (CorteIDH, 2006) y paulatinamente ha ampliado su entendimiento sobre la tortura sexual y sus impactos (CorteIDH, 2010, 2018).

Es en esta discusión de los principios de universalidad e igualdad que se inserta la dinámica evolutiva de los derechos humanos. Los derechos, por tanto, no permanecen estáticos a lo largo del tiempo, sino que para expresar su potencial deben partir de la persona y el contexto. Esto tiene dos consecuencias, la primera es que se requiere identificar el grupo social al que se hará referencia. La desigualdad opera de manera diferente en cada grupo social, por lo que resulta clave para saber cuáles son las problemáticas de las que los diseños institucionales, políticas o resoluciones deben hacerse cargo. De esto se deriva la segunda consecuencia, los contextos. El qué pasa con cada grupo viene dado por su contexto. Así, identificar el contexto objetivo implica adentrarse en la manera en opera la desigualdad en ese grupo determinado, el conocer por qué se ha visto limitado el ejercicio de sus derechos y qué problemas institucionales y normativos impiden que el grupo en opresión ejerza sus derechos. De esta manera, la respuesta estatal para proteger el derecho deberá asegurarse de hacerse cargo de la desigualdad e impedir que en la interpretación de cualquier derecho se permeen estereotipos o cualquier manifestación de exclusión o marginalización (Serrano y Vázquez, 2021).[1]

Es por esto por lo que a los principios de universalidad e igualdad los acompaña el del efecto útil. Este principio implica que los derechos cumplan su función, logren establecer un marco de protección para su goce y ejercicio. En este sentido, lograr el efecto útil de los derechos implica hacerse cargo de su interpretación para que respondan a las demandas de las personas. Así, los derechos son instrumentales a la realidad de las personas, en particular de los grupos sociales en opresión cuyo ejercicio de los derechos suele estar en riesgo.

Esta forma de entender a los derechos humanos como dinámicos, a partir de los grupos sociales y los contextos, incide en el cumplimiento de las obligaciones por parte de las distintas autoridades. De manera particular, al cumplir las obligaciones de proteger (ante los riesgos) y garantizar (la realización de los derechos), las autoridades deben considerar a los grupos sociales en sus contextos. Esto impone retos para que los diseños institucionales garanticen los derechos en específico porque no basta con andamiajes generales, sino que implican el reconocimiento de las diferencias en el ejercicio de los derechos y, por tanto, la necesidad de realizar ajustes institucionales. Los derechos requieren que los diseños institucionales se ajusten y adecuen.

Esto es especialmente complejo cuando se trata de derechos que se encuentran en proceso de reconocimiento y protección. Dada la propia lógica evolutiva de los derechos humanos y la persistencia de la opresión y marginalización de ciertos grupos, la operación de sus derechos puede no considerarse hasta tiempo después. Tal es el caso de los derechos de las personas trans y, aún más, de la protección de los derechos de las personas trans binarias y no binarias.

Es aquí donde el andamiaje del derecho a la no discriminación resulta imprescindible. El derecho a la igualdad y a la no discriminación tiene al menos dos dimensiones. Una primera sobre el trato igual (no discriminación) y otra sobre la igualdad social. La sentencia que se estudia en este capítulo puede enmarcarse más en la segunda dimensión, aunque el caso se plantea respecto de la primera. Mientras que la primera pone el énfasis en la exclusión, restricción o preferencia basado en alguna de las categorías sospechosas y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos humanos,[2] la segunda hace referencia a la pertenencia a un grupo social en opresión (Saba, 2007).

Esta diferencia resulta clave para el análisis porque el dinamismo de los derechos humanos responde a la realización de los derechos para todas las personas, obligación estatal que implica la eliminación de los condicionantes históricos que sostienen la subordinación, el sometimiento y la opresión de ciertos grupos sociales y que impiden el goce y ejercicio de los derechos. Entonces, no importa tanto la identificación de un trato igual o desigual que resulte discriminatorio,[3] sino el evidenciar y hacerse cargo de la desigualdad histórica para que a partir de esto se reformulen políticas, normas, diseños institucionales, etc.

Partamos de la opresión entendida como “los impedimentos sistemáticos que sufren algunos grupos”, que tiene una naturaleza estructural y no constituye “el resultado de las elecciones o políticas de unas pocas personas. Sus causas están insertas en normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que subyacen a las reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas reglas” (Young 1990, 74–5). La igualdad social o estructural, por tanto, mira cómo opera esa opresión en el derecho.

Desde la mirada estructural no se busca un trato igual o no arbitrario, sino identificar la forma en que la pertenencia a un grupo social es la causa de la desventaja o la subordinación de ese sector. El individuo importa pero no por lo que le suceda específicamente a ese individuo, sino que la subordinación u opresión que sufre se debe a su pertenencia a un sector en desventaja social, cultural, política y económica. En términos prácticos se busca identificar si la limitación en el goce del derecho se relaciona con el diseño mismo de las instituciones, la cultura y los sistemas económicos y políticos y ya no solo por medio del análisis de una regla o de sus resultados.

En este sentido, la sentencia que se analiza busca identificar cuáles son esos condicionantes que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de las personas trans no binarias para hacerse cargo de ellos, al tiempo que reconoce que estos avances realizados también deben resultar en un beneficio para otros grupos. En consecuencia, el punto de análisis de la sentencia responde a la pregunta: ¿cómo hacerse cargo de la opresión del grupo social que le impide el ejercicio de su derecho a la identidad de género? En el camino, por supuesto, la propia respuesta le permite al INE y a la Sala Superior impulsar cambios para otros grupos sociales también en opresión. Así, el avance de un grupo logra significar un avance en otro grupo.

III. Los derechos de las personas trans

Los derechos vinculados con el sexo y el género han avanzado de manera mucho más lenta que otros derechos (Charlesworth and Chinkin, 2000). El derecho nacional y el internacional son producto del orden social de género y, por tanto, replican los sesgos y estereotipos del patriarcado (Smart, 2000). El reconocimiento de la especificidad del DIDH dejó mucho tiempo fuera de protección a la diversidad de identidades de género. Los pasos dados respecto de los derechos de las mujeres y las violaciones a sus derechos en razón de género no fueron suficientes para abrir paso a un cambio en el DIDH.

El documento más importante a nivel internacional son los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género mejor conocidos como los “Principios de Yogyakarta” (2007). Al igual que otros procesos de especificación de los derechos humanos generales, estos principios ratifican estándares legales internacionales para evitar las violaciones a derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, en materia de ejecuciones ilegales, tortura, detenciones arbitrarias, invasión a la privacidad, discriminación o negativa de oportunidades de empleo o educación.

En primer lugar se trata de reconocer, una y otra vez, que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos y, en segundo lugar, poner énfasis en la violencia y discriminación que sufren las personas por su orientación sexual e identidad de género. A paso lento pero firme, el DIDH comenzó la construcción de un andamiaje que respondiera a las diversas formas de violencia y discriminación que viven las identidades trans y no heterosexuales, y que desafían las normas tradicionales de género (CIDH, 2015).

A partir de la década del 2000, tanto la Organización de Estados Americanos como la Organización de las Naciones Unidas aprobaron distintos documentos para reconocer estos derechos. El Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han reconocido a la orientación sexual y la identidad de género como una de las categorías prohibidas de discriminación.[4]

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) la CIDH estableció una Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, la cual ha producido varios informes, así como información conceptual que fortalece la comprensión de la diversidad sexual y de género.[5] Estos informes han servido de base también para la divulgación de la no discriminación, así como para la resolución de distintas controversias jurídicas.

También en el SIDH, la CorteIDH emitió la Opinión Consultiva 24/2017 “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo” (CorteIDH, 2017). Este documento abreva sentencias previas de la CorteIDH sobre el tema y le permite establecer su entendimiento sobre la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género como categorías sospechosas en materia de no discriminación.

Uno de los derechos clave en esta discusión es el de identidad género, mismo sobre el que también gira la sentencia que se analiza en este capítulo. El derecho a la identidad ha evolucionado a partir de considerarse intrínsecamente ligado a la autonomía de la voluntad de las personas. La CorteIDH ha entendido que

del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y de la protección del derecho a la vida privada, [se desprende] un derecho a la identidad, el cual se encuentra en estrecha relación con la autonomía de la persona y que identifica a la persona como un ser que se autodetermina y se autogobierna, es decir, que es dueño de sí mismo y de sus actos” (CorteIDH, 2017).

A partir de ello ha definido al derecho a la identidad como “el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso” (CorteIDH, 2011, 2014, 2017).

Este desarrollo ha llevado a la protección de un derecho autónomo a la identidad de género, aunque éste no se encuentre reconocido como tal en ningún tratado internacional. Su interpretación ha servido para la protección de grupos muy diferentes, como los niños y niñas. En su desarrollo ha llegado a convertirse en un derecho clave para las sexualidades e identidades no normativas.

En ese contexto, la Comisión Interamericana define a la identidad de género y a las personas trans en los siguientes términos:

De conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. (CIDH 2015, 32)

Para la CorteIDH el derecho a la identidad de género comprende lo siguiente:

a) Se desprende el derecho a la identidad del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la vida privada;

b) El derecho a la identidad ha sido reconocido por este Tribunal como un derecho protegido por la Convención Americana;

c) El derecho a la identidad comprende, a su vez, otros derechos, de acuerdo con las personas y las circunstancias de cada caso, aunque se encuentra estrechamente relacionado con la dignidad humana, con el derecho a la vida y con el principio de autonomía de la persona (artículos 7 y 11 de la Convención Americana);

d) El reconocimiento de la afirmación de la identidad sexual y de género como una manifestación de la autonomía personal es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas que se encuentra protegido por la Convención Americana en sus artículos 7 y 11.2;

e) La identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones;

f) La identidad de género ha sido definida en esta opinión como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento;

g) El sexo, el género, así como las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente a partir de las diferencias biológicas derivadas del sexo asignado al nacer, lejos de constituirse en componentes objetivos e inmutables que individualiza a la persona, por ser un hecho de la naturaleza física o biológica, terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien lo detenta y descansan en una construcción de la identidad de género auto-percibida relacionada con el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada;

h) El derecho a la identidad posee también un valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos;

i) El reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación, y

j) El Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas. (CorteIDH 2017, 49).

Por su parte, respecto de las personas trans, la Comisión Interamericana establece lo siguiente:

Personas trans, es el término paraguas frecuentemente utilizado para describir las diferentes variantes de las identidades de género (incluyendo transexuales, travestis, transformistas, entre otros), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona. La identidad de género no la determinan las transformaciones corporales, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos. Sin embargo, éstos pueden ser necesarios para la construcción de la identidad de género de algunas personas trans. (CIDH 2015, 32).

De acuerdo con ello, el SIDH ha establecido algunos estándares en materia de reconocimiento de la identidad de género (CIDH 2020, 26–31) (CorteIDH 2017, 51–70):

Rectificación registral. Rectificar los documentos de identificación para adecuar el nombre, la imagen, la mención del sexo o género, de tal manera que sean compatibles con la identidad de género autopercibida. Además, la CIDH llama la atención sobre la importancia de eliminar el marcador de género en los documentos de identificación.
Recurso adecuado. Si bien los Estados pueden elegir el recurso para garantizar el derecho a la identidad de género, éstos deben permitir una adecuación registral integral (nombre, marcador de sexo e imagen) y deben ser gratuitos, confidenciales y expeditos.
Requisitos exigibles. Se refiere a la eliminación de requisitos patologizantes, ultrajantes y/o abusivos. La CorteIDH en su Opinión Consultiva señaló que “no resulta razonable requerir el cumplimiento de requisitos que desvirtúan la naturaleza meramente declarativa que debe tener el proceso, el único requisito sustantivo exigible para la adecuación registral es el consentimiento libre e informado de la persona solicitante” (CIDH 2020, 29).
Trato digno acorde a la identidad de género autopercibida. Frente a la declaración de una persona que se autopercibe de un determinado género, surge el deber de tratarla de conformidad con esa identidad.
El reconocimiento de la identidad de género como requisito para el goce de otros derechos. El derecho a la identidad de género se convierte en una llave que permite el acceso a otros derechos y oportunidades, aunque no de manera automática, sí como un requisito necesario.

De manera específica sobre el género, la CorteIDH recuerda que:

113. [… ] En este sentido, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendó a los Estados expedir, a quienes los soliciten, documentos legales de identidad que reflejen el género preferido del titular; de igual manera, facilitar el reconocimiento legal del género preferido por las personas trans y disponer lo necesario para que se vuelvan a expedir los documentos de identidad pertinentes con el género y el nombre preferidos, sin conculcar otros derechos humanos. A su vez, la falta de correspondencia entre la identidad sexual y de género que asume una persona y la que aparece registrada en sus documentos de identidad implica negarle una dimensión constitutiva de su autonomía personal –del derecho a vivir como uno quiera–, lo que a su vez puede convertirse en objeto de rechazo y discriminación por los demás –derecho a vivir sin humillaciones– y a dificultarle las oportunidades laborales que le permitan acceder a las condiciones materiales necesarias para una existencia digna. (CorteIDH 2017, 53).

Como se puede observar a partir de lo anterior, el desarrollo del derecho a la identidad de género ha sido muy robusto en los últimos años. Distintas instancias internacionales se han pronunciado y tanto el SIDH como las Naciones Unidas han contribuido de manera consistente para establecer el contenido y alcance de un derecho a la identidad de género, que sirve de paraguas para el ejercicio de otros derechos vinculados al sexo y al género, así como para el ejercicio de muchos otros derechos.

La evolución mostrada por estos estándares deja en claro los contornos del derecho, pero al mismo tiempo impone a los Estados el desafío de operar este derecho bajo esos parámetros. Entonces, si bien se cuenta con un parámetro claro, la forma en que opera en términos institucionales y cómo se integra en el andamiaje de derechos resulta el paso necesario para examinar la medida en que tal derecho se garantiza. La sentencia bajo análisis, como se presenta en el siguiente apartado, da pasos en ese sentido. Asume que la integración de derechos en un andamiaje más amplio implica ajustes y el avance mismo de todos los derechos.

IV. Una sentencia rumbo a la igualdad

La respuesta que brinda la Sala Superior frente al problema planteado en torno al derecho a la identidad de género es consistente con el proceso de adecuación que implica un derecho en evolución. En este sentido, la Sala Superior estuvo llamada a asegurar dicho derecho para dos grupos de personas en opresión, y la respuesta por la que optó fue una que amplió los derechos de ambos. Como ya se señaló, una mirada desde la igualdad de los grupos sociales en opresión resulta clave para construir andamiajes que permitan hacerse cargo de la marginación.

1. El origen del asunto

El problema planteado en la sentencia SUP-JE-1042/2023 del 19 de abril de 2023 es expresado por la propia Sala Superior de la siguiente manera:

En el presente medio de impugnación, la persona promovente, quien se autoadscribe como una mujer trans binaria, residente en Oaxaca, controvierte el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG123/2023 por el que se determina viable la incorporación del dato en la credencial para votar que reconozca a las personas no binarias, en acatamiento a las sentencias dictadas en los expedientes SM-JDC-396/2020 y SM-JDC-1011/2021 por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como, que se identifique en la credencial para votar como persona no binaria solo en el apartado de sexo, a quienes manifiesten su deseo de que se les reconozca con ese carácter sin presentar documento de identidad, por considerar, esencialmente, que constituye un trato administrativo diferenciado para una misma población, porque las personas no binarias pueden elegir colocar una “X” en el recuadro de “Sexo” de sus credenciales para votar con fotografía, mientras que las personas trans binarias que deseen elegir la letra “M” o “H” están impedidas para ello, en virtud de que deben acreditar primero el trámite administrativo de rectificación del acta de nacimiento. Asimismo, solicita a la autoridad jurisdiccional analizar la posibilidad de eliminar el apartado de “Sexo” de la credencial para votar por ser innecesario. (SUP-JE-1042/2023, 1)

El problema planteado estriba entonces en determinar si el Acuerdo General del INE por el que se reconoce a las personas trans no binarias que se identifiquen como tal en la Credencial para Votar (CPV) discrimina a las personas trans binarias porque, en su caso, el acuerdo respectivo del INE exige haber realizado el trámite de rectificación de acta de nacimiento. Es decir, mientras que el nuevo acuerdo del INE para las personas trans no binarias no requiere tal rectificación para que en la sección de “sexo” de la CPV se establezca la identidad autopercibida, en el Acuerdo emitido previamente sobre las personas trans binarias, para modificar el sexo en la misma CPV el INE, requiere que se haya realizado el trámite de rectificación respectivo. Por tanto, de inicio se plantearía un trato diferente a los dos grupos.

La Sala Superior determinó confirmar el Acuerdo General INE/CG123/2023 y al mismo tiempo encargó al INE se realizara el análisis respectivo para adecuar el Acuerdo respectivo sobre las personas trans binarias a los alcances del derecho. Respecto de la solicitud de eliminar la sección de “sexo” de la CPV, la Sala Superior determinó que esto no era posible en tanto se trata de un mandato legal que además es útil para el ejercicio de otros derechos político electorales.

El diseño institucional adoptado por el INE para reconocer el sexo autopercibido en la CPV ha debido adaptarse a los distintos grupos de personas trans. Este trayecto de adecuación de las instituciones, como se discutió anteriormente, no se alcanza de una sola vez, particularmente tratándose del reconocimiento de nuevos derechos, sino que es con el ensayo de distintos mecanismos como se logran ajustar los diseños. La Sala Superior acompañó este proceso al proteger las decisiones adoptadas e impulsar los cambios necesarios para avanzar en la protección de los derechos de todos los grupos.

El Acuerdo General impugnado tiene su origen en dos sentencias emitidas por la Sala Regional Monterrey del propio Tribunal Electoral en 2021. En la sentencia SM-JDC-396/2020, la Sala Regional estableció que una Junta Local no es la autoridad competente para determinar la expedición de una CPV que haga referencia a una persona no binaria. Es decir, la Junta Local no está en posibilidad de agregar un dato adicional a dicha credencial por no ser competente, en tanto “la inclusión, modificación o eliminación de elementos o rubros de las credenciales, es una atribución exclusiva del Consejo General” (SM-JDC-396/2020, 14). En ese sentido, la Sala Regional Monterrey “instruye al Consejo General del INE para que analice la viabilidad de la incorporación del dato solicitado por la parte accionante, en la credencial para votar” (SM-JDC-396/2020, 15).

Por su parte la sentencia SM-JDC-1011/2021, de la misma Sala Regional Monterrey, revoca un oficio emitido por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral por carecer de competencia para resolver la solicitud de inclusión de una casilla, en la credencial para votar, que reconozca a una persona como persona no binaria. Al igual que en la sentencia anterior, la solicitud de la parte actora estribaba en que se emitiera una CPV donde se incluyera una casilla que le identificara como persona no binaria. En su demanda, la parte actora señala que de manera incorrecta se confunde “sexo” con “género”, por lo que no solicita que se modifique el sexo sino que se incluya una nueva casilla que identifique el género. Si bien la Sala Regional reconoce la importancia del derecho a la identidad de género, no entra al estudio de fondo, pues considera que la mencionada Dirección Ejecutiva no es competente para realizar tal modificación. De nueva cuenta, la Sala Regional ratifica que solo el Consejo General del INE es competente para aprobar o modificar el modelo de las credenciales para votar (SM-JDC-1011/2021, 13). Al adoptar su decisión para efectos, la Sala “instruye al Consejo General del Instituto Nacional Electoral paraque, en breve plazo, se pronuncie sobre la viabilidad de la incorporación del dato solicitado por la parte accionante, en la credencial para votar” (SM-JDC-1011/2021, 15–6).

A la luz de estas sentencias, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo por el que se determina que es viable la incorporación del dato en la CPV que reconozca a las personas no binarias, así como que se identifique como persona no binaria solo en el apartado sexo a quienes manifiesten su deseo de que se les reconozca con tal carácter sin presentar documento de identidad (INE, 2023a). Dicho órgano electoral señala:

[E]l INE, como parte de las autoridades del Estado mexicano, fortalece su actuar como autoridad garantista de derechos contribuyendo a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas no binarias, dando paso a la expansión y reconocimiento pleno de sus derechos al adoptar medidas de carácter progresivo en favor de su libre desarrollo y personalidad, permitiendo que su identidad sea visible y manifiesta con base en la autoadscripción de las personas. (INE, 2023, 39)

Como se puede observar, el INE tiene la intención de contribuir al desarrollo de los derechos de las personas no binarias, en particular a la protección de su identidad. En este sentido determina viable la incorporación del identificador “X” en la CPV mediante dos vías:

1. A las personas que soliciten su CPV en la que se les reconozca como no binarias y presenten su documento de identidad en el que se les identifique como tal, ya sea acta de nacimiento o carta de naturalización, se le expedirá la credencial con el identificador “X”, tanto en el campo del sexo, como en los datos de información y control que se localizan en la misma.

2. A las personas que soliciten su CPV en la que se les reconozca como no binarias y no presenten su documento de identidad, ya sea acta de nacimiento o carta de naturalización en los que se les identifique como tal, se les expedirá la credencial con el identificador “X” únicamente en el campo de sexo, sin que se modifiquen los datos de información y control que se localizan en la CPV, tales como la clave de elector, la CURP, la zona de lectura mecánica, entre otras; puesto que, para ello, deviene necesario contar con dicho documento de identidad que refleje esa identidad de género, a fin de que haya concordancia entre ambos registros. (INE 2023a, 40)

Estas dos posibilidades tratándose de las personas trans no binarias es lo que, a decir de la actora de la sentencia en comento, coloca a las personas trans binarias en una situación de discriminación en tanto que ellas deberán rectificar su acta de nacimiento para poder cambiar el apartado de “sexo” en la CPV, mientras que las personas trans no binarias tienen la posibilidad de que se marque con una “X” sin necesidad de realizar tal trámite administrativo. En última instancia, sostiene la actora, no debería considerarse un apartado para el “sexo” en la CPV.

Lo anterior no pasó desapercibido a la autoridad electoral, pues el propio Acuerdo impugnado instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que realice un estudio para

analizar la viabilidad para que las personas trans que soliciten su Credencial para Votar en la que se les reconozca como mujer u hombre, pero no presenten su documento de identidad (ya sea acta de nacimiento o carta de naturalización en los que se les identifique como tal), se les expida la credencial con el identificador “M” o “H” acorde con su identidad de género únicamente en el campo de “Sexo”, sin que se modifiquen los datos de información y control que se localizan en la Credencial para Votar (SUP-JE-1042/2023, 14).

2. El avance del derecho a la igualdad

La construcción del derecho a la igualdad es compleja. Una primera mirada al asunto en cuestión podría establecer que, como lo sostiene la actora, el Acuerdo del INE efectivamente establece una discriminación indirecta para otras personas trans no binarias. En este sentido, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña en su voto particular señaló que el acuerdo discriminaba indirectamente a las personas trans binarias. De hecho, el propio Acuerdo y diversas sentencias de la Sala Superior refieren la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que distingue entre la discriminación directa e indirecta:

[P]ara poder establecer que una norma o política pública que no contempla una distinción, restricción o exclusión explícita sí genera un efecto discriminatorio […] es necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la discriminación, ubicándose entre estos factores las relaciones de subordinación en torno al género, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, […]. Estos factores pueden condicionar que una ley o política pública –aunque se encuentre expresada en términos neutrales y sin incluir una distinción o restricción explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre otros– finalmente provoque una diferencia de trato irrazonable, injusta o injustificable de acuerdo con la situación que ocupen las personas dentro de la estructura social. (Tesis 1a. CXXI/2018, 2016).

Sin embargo, la Sala Superior determinó que en el caso no existía tal discriminación indirecta porque el INE va a realizar un estudio que le permita tomar medidas encaminadas a reconocer la identidad de género de las personas trans binarias. Además, señaló que el Acuerdo no prohíbe que se modifique la identidad de género de las personas trans, ni exige que se realice algún trámite de modificación del acta de nacimiento para optar por las letras “H” o “M” en la sección de sexo de la CPV. Estos argumentos, a juicio de la Sala Superior, implican que la autoridad electoral sí consideró a las personas trans binarias (SUP-JE-1042/2023, 18–9). Finalmente, la Sala Superior también vincula al INE para que, en un plazo razonable de 90 días, emita el estudio correspondiente que le permita determinar lo procedente sobre la identidad de las personas trans no binarias.

La Sentencia, sin embargo, no profundiza en el alcance del derecho a la igualdad y a la no discriminación y, de manera particular, en las implicaciones de la discriminación indirecta. Como lo sostiene la SCJN, esta discriminación requiere un análisis cuidadoso de los factores contextuales y estructurales que inciden en el goce de los derechos. Se trata de una discriminación por resultado, cuyo factor distintivo es mirar las consecuencias de una determinada normativa o política.

Como lo sostiene Patricia Betrián, la calificación de discriminación indirecta requiere el cumplimiento de dos elementos:

Una norma aparentemente neutral con un impacto desproporcionado, por lo que conlleva el análisis de los efectos, y
Una “[a]usencia de justificación objetiva de la medida neutral que encubre la discriminación” (Betrián Cerdán 2021, 66). Esto es, debe justificarse de modo objetivo la finalidad perseguida por la medida.

En consecuencia, el método para determinar la discriminación indirecta se centra en uno que busca justificar la existencia de una norma con un impacto discriminatorio. Aunque la Sala Superior no ahonda en esta justificación, su argumento respecto a la realización de un estudio para determinar la procedencia de una medida similar para las personas trans binarias y el que el Acuerdo como tal no prohíbe que se modifique el sexo de las personas o que se pueda optar por las letras “H” o “M” servirían a modo de justificación.

No obstante, parecería que dichos argumentos no resultan suficientes para derribar la sospecha de que efectivamente al referirse únicamente a las personas trans no binarias el Acuerdo del INE impacta a las demás personas trans de manera negativa, incluso el realizar el estudio referido confirma tal sospecha.

El problema, por tanto, parece no estar necesariamente en si existe o no una discriminación indirecta, sino en determinar si las medidas adoptadas, tanto el Acuerdo adoptado como la realización del estudio tendente a modificar los requisitos para las personas trans, avanzan rumbo a la igualdad. En este caso la respuesta es afirmativa. Como se ha sostenido en este capítulo, la construcción de los derechos humanos y, en particular de la igualdad, es un proceso que conlleva la realización de diversos ajustes y adecuaciones que permitan la ampliación de los titulares de los derechos. En este sentido, el propio juicio electoral interpuesto sirve de palanca para apurar la decisión en torno al grupo excluido de la medida original.

Estamos entonces frente a un problema de los efectos de la sentencia. La preocupación detrás de la sentencia, tanto para la parte actora, la Sala Superior y el INE es asegurar el derecho a la identidad de género de todas las personas trans, binarias y no binarias. Las sentencias de la Sala Regional Monterrey apresuraron la adopción de un Acuerdo referente a las personas no binarias, pero era claro para el INE que efectivamente tenía que corregir también su normativa respecto de todas las personas trans. En este sentido, si bien la sentencia que aquí se comenta no da la razón a la parte actora sí tiene el efecto de acelerar la adopción de cambios normativos. La Sala Superior ordena, entonces, realizar el estudio referente a las personas transbinarias en un plazo específico de 90 días. No siempre debe ganarse el asunto litigioso para tener efectos positivos en lo que verdaderamente importa (Rodríguez Garavito, 2013) a la parte actora y el grupo social del que forma parte.

En cumplimiento de la Sentencia SUP-JE-1042/2023, el INE emitió el Acuerdo General INE/CG432/2023

por el que se determina viable que las personas trans que soliciten su credencial para votar en la que se les reconozca como mujer u hombre y no presenten su documento de identidad ratificado en el que se les identifique como tal, se les expida la credencial con el identificador “M” o “H” acorde con su identidad de género únicamente en el campo de sexo (INE, 2023b).

Por otra parte, el Juicio Electoral también se interpuso con el objetivo de que se eliminara el dato de “sexo” de la credencial para votar. El estándar internacional al respecto indica que, en la medida de lo posible, debe tenderse a eliminar el marcador de sexo en los documentos de identificación. Sin embargo, en este caso, como bien lo señala la Sala Superior, dado que la credencial se trata de un documento útil para el ejercicio de los derechos político electorales, el dato del sexo resulta indispensable. En particular, para el respecto y garantía de las reglas sobre paridad y otras cuotas.

No obstante, la normativa en torno a esta credencial sí establece que el dato puede permanecer oculto a fin de que las personas no se vean sometidas a mostrar el dato si este no es su deseo. En este sentido, la Sala Superior declara infundados los agravios formulados en este sentido.

V. Reflexiones finales

La respuesta dada por la Sala Superior logra asegurar el derecho a la igualdad y a la no discriminación y avanzar en la protección del derecho a la identidad de género de las personas trans. El trayecto no fue sencillo y requirió realizarse en varias etapas que concluyen con el cumplimiento de la sentencia por parte del INE, con la adopción de un Acuerdo que reconoce a las personas trans binarias la opción de asignar una “H” o una “M” en la sección sexo de la credencial para votar.

El camino de la realización de los derechos humanos implica, muchas veces, avances parciales y correcciones posteriores. El reconocimiento de identidades ha sido uno de los desafíos más apremiantes del derecho de los derechos humanos, de tal manera que todavía se continúa con un trabajo de visibilización y desarrollo del propio derecho para ampliar los titulares protegidos, así como el contenido y alcance de los derechos vinculados. Este dinamismo explica por qué las instituciones como la Sala Superior y el INE deben realizar ajustes constantes en estas materias.

Si bien en cuanto a los efectos la sentencia cumple el cometido de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la resolución también deja ver la necesidad de ceñirse a una teoría de interpretación que sirva al órgano judicial para la interpretación de los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, la Sala Superior tenía la opción de centrarse en los efectos de la sentencia para mantener el Acuerdo impugnado aun cuando reconociera la existencia de una situación de discriminación. Puede distinguirse entre el análisis sustantivo y los efectos de la sentencia (Rodríguez Garavito, 2013).

VI. Fuentes consultadas

Betrián Cerdán, P. 2021. “La discriminación indirecta”. En A.M. Ibarra Olguín (ed.) Discriminación. Piezas para armar. México: CEC-SCJN, pp. 53–79.

Charlesworth, H. and Chinkin, C. 2000. The boundaries of international law. A feminist analysis. Reino Unido: Manchester University Press.

CIDH. 2015. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

––––. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. OEA/Ser.L/V/II. Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comité de Derechos Humanos. 1989. Observación General 18, No discriminación. CCPR/C/37. Ginebra: Naciones Unidas.

Comité de Derechos Humanos. 2000. Observación general 28. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3). HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I). Ginebra: Naciones Unidas.

Cook, R. 1997. “Los derechos humanos internacionales de la mujer: el camino a seguir”. ·En Derechos humanos de la mujer. Colombia: perspectivas nacionales e internacionales. Cook, Rebecca. Bogotá: Profamilia.

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––––. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2012b. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 239. https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

––––. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2012c. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Serie C No. 245.

––––. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2014. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 285. https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

––––. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2017. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17. Serie A No. 24. https://www.corteidh.or.cr/opiniones_consultivas.cfm

––––. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2018. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Serie C No. 371. https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

––––. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2021. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 422. https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm

Ferrajoli, L. 2002. Derechos y garantías. La ley del más débil. 3a edición. Trotta.

INE. Instituto Nacional Electoral. 2023a. Acuerdo General INE/CG123/2023. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONALELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA VIABLE LA INCORPORACIÓN DEL DATO EN LA CREDENCIAL PARA VOTAR QUE RECONOZCA A LAS PERSONAS NO BINARIAS, EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS EXPEDIENTES SM-JDC-396/2020 Y SM-JDC-1011/2021 POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ASÍ COMO, QUE SE IDENTIFIQUE EN LA CREDENCIAL PARA VOTAR COMO PERSONA NO BINARIA SOLO EN EL APARTADO DE SEXO, A QUIENES MANIFIESTEN SU DESEO DE QUE SE LES RECONOZCA CON ESE CARÁCTER SIN PRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDAD

––––. Instituto Nacional Electoral (2023b). Acuerdo General INE/CG432/2023. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA VIABLE QUE LAS PERSONAS TRANS QUE SOLICITEN SU CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE SE LES RECONOZCA COMO MUJER U HOMBRE Y NO PRESENTEN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD RECTIFICADO EN EL QUE SE LES IDENTIFIQUE COMO TAL, SE LES EXPIDA LA CREDENCIAL CON EL IDENTIFICADOR “M” O “H” ACORDE CON SU IDENTIDAD DE GÉNERO. ÚNICAMENTE EN EL CAMPO DE SEXO, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SUP-JE-1042/2023 POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Peces-Barba, G. 1994. ‘La universalidad de los derechos humanos’, in R. Nieto (ed.) La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, pp. 399–420.

Rodríguez Garavito, C. .2013. ‘Más allá de la jurisprudencia: el impacto de los fallos sobre derechos sociales’, in M. Langford (ed.) Teoría y jurisprudencia de los derechos sociales. Bogotá: Ediciones Uniandes, pp. 897–916.

Saba, R. 2007. “Desigualdad estructural”, in M. Alegre and R. Gargarella (eds) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario. Buenos Aires: Lexis Nexis.

Serrano, S. y Vázquez, D. 2021. Los derechos en acción. Principios y obligaciones de derechos humanos. 2a edición. México: FLACSO MÉXICO.

Smart, C. 2000. “La teoría feminista y el discurso jurídico”. En H. Birgin (ed.) El derecho en el género y el género en el derecho. Biblos. Buenos Aires, pp. 31–49.

Sentencia. SM-JDC-396/2020. Actor: Kevin Benjamín Hernández Murillo. Autoridad responsable: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes. https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0396-2020.pdf

–––––. SM-JDC-1011/2021. Actor: Jesús Ociel Baena Saucedo. Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y Consejo General, ambos del Instituto Nacional Electoral. https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-1011-2021.pdf

–––––. SUP-JE-1042/2023. Actora: Luisa Rebeca Garza López. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-JE-1042-2023.pdf

Tesis jurisprudencial 1a. CXXI/2018. DISCRIMINACIÒN DIRECTA O NO EXPLÌCITA. SU DETERMINACIÓN REQUIERE EL ANÁLISIS DE FACTORES CONTEXTUALES Y ESTRUCTURALES. https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/XfVpMHYBN_4klb4HgM7S/%22Raza%22

Young, I.M. 1990. Justice and the politics of difference. Princeton, N.J: Princeton University Press.

[1] Un segundo tipo de contexto se refiere al análisis de las prácticas reiteradas en un país y que suelen responder a patrones estructurales de comportamiento, es decir, a formas de actuación ancladas en las reglas formales e informales de las instituciones, en las conductas de los agentes estatales e, incluso, de la sociedad. Por ejemplo, la tortura, las desapariciones de personas o las ejecuciones ilegales rara vez suceden en lo aislado. Aquí el análisis de contexto tiene la función de enmarcar esas violaciones a derechos humanos en las condiciones que las permiten para analizar sus causas y consecuencias para estar en posibilidad de prevenirlas, investigarlas adecuadamente y establecer las sanciones correspondientes.

[2] El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define a la discriminación como “Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.” (Comité de Derechos Humanos, 1989). En lo general, los diversos tratados internacionales y la propia Constitución mexicana acuerdan con los parámetros de esta definición.

[3] Cabe recordar que “no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana” (CorteIDH, 2003), es decir, no todo trato diferente implica una discriminación.

[4] Véase (CorteIDH, 2017) para una síntesis de los principales avances en el reconocimiento de los derechos de identidad de género en los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos.

[5] Los dos informes más importantes son el “Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” (CIDH, 2015) y el “Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” (CIDH, 2020). Para consultar conceptos básicos, la CIDH habilitó un sitio web disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/violencia-lgbti.html.

Autor(es)

Sandra Serrano García

Fecha

Jue, 30/11/2023 - 12:00

Año

Temas

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-JE-1042-2023.pdf

Archivo sentencia

SUP-JE-1042-2023.pdf

Url video YouTube

DLk5jnfLFpc

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Acciones afirmativas en favor de personas indígenas en las candidaturas independientes

urielaltamirano — Fri, 10 Nov 2023 21:18:38 +0000

Acciones afirmativas en favor de personas indígenas en las candidaturas independientes

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urielaltamirano Vie, 10/11/2023 - 15:18

Fecha

Mar, 11/05/2021 - 12:00

Tema

Comunidades Indígenas

Campañas

Derechos humanos

Indígenas

Autor

Título de la sentencia

SG-JDC-248/2021 y acumulados

Descripción

Sentencia elaborada por: Magistrada Gabriela del Valle Pérez

Partes en pugna:

Cenorina Salvador Muñoz y otros
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

Autoridad que resuelve: Sala Regional Guadalajara del TEPJF

Cadena impugnativa:

Instituto Electoral del Estado de Nayarit
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit
Sala Regional Guadalajara del TEPJF

Fecha de emisión de la sentencia: 11 de mayo de 2021

Antecedentes

El 6 de enero de 2021, el Instituto Electoral de Nayarit emitió un acuerdo por el cual se aprobaron acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas para el proceso electoral local del 2021. En el caso de La Yesca, se precisó que la presidencia municipal correspondía a una persona de origen indígena.

Posteriormente, el Instituto recibió y aprobó diversos escritos donde se manifestaba la intención de diferentes aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de Presidencia y Sindicatura del municipio señalado.

El Partido Acción Nacional y algunas personas que se autoadscriben como indígenas impugnaron el acuerdo al estimar que las personas que buscaban una candidatura independiente no eran de origen indígena y que las candidaturas para dicho ayuntamiento se reservaron únicamente para una persona indígena.

El Tribunal Estatal Electoral de Nayarit confirmó el acuerdo impugnado. Inconforme, el Partido Acción Nacional y otras personas interpusieron un juicio ciudadano ante la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.

Cuestión a resolver (litis)

Determinar si las personas no indígenas estaban posibilitadas para postularse a través de una candidatura independiente a un cargo que, con motivo de una acción afirmativa, debía corresponder a una persona indígena.

Argumentos

La Sala Regional Guadalajara revocó la sentencia impugnada ya que en su concepto el Tribunal local no valoró adecuadamente el caso, para lo cual presentó los siguientes argumentos:

El Tribunal local debió valorar el caso conforme a la finalidad del acuerdo que ordenaba las acciones afirmativas, pues si bien iba dirigido a los partidos políticos, para garantizar su cumplimiento de su objetivo también debía ser aplicable a las candidaturas independientes.
La candidatura independiente no es en sí misma un derecho humano, sino una modalidad para el ejercicio del derecho al voto pasivo.
El grupo vulnerable que se debió proteger era la población indígena.
Sumado a todo lo anterior, se debió considerar que, en el municipio de La Yesca, solo 45% de la población se autoadscribe como indígena, lo cual constituye un factor determinante.

Votación

Se resolvió por mayoría con los votos a favor de la magistrada Gabriela del Valle Pérez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, y el voto en contra del Magistrado Jorge Sánchez Morales, quien formuló voto particular.

Argumentos del voto particular

El magistrado Jorge Sánchez Morales emitió voto particular al considerar que:

No se debía interpretar la finalidad del acuerdo de las medidas afirmativas, al ser innecesario ante la claridad de la literalidad del mismo, es decir, que el acuerdo es vinculante únicamente para partidos políticos.
La sentencia resultaba restrictiva a los derechos político-electorales de ser votada de una candidatura independiente.
Una de las candidatas independientes controvertidas no es ajena a la comunidad indígena, pues demostró tener vínculo con la comunidad.

Relevancia

La relevancia de este asunto radica en que ante una acción afirmativa define los alcances que pueden tener otras figuras previstas en la ley como son las candidaturas independientes.

Archivo .pdf

02.SG-JDC-248_2021.pdf

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/guadalajara/SG-JDC-0248-2021.pdf

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sala

Sala Guadalajara

Juzgar con perspectiva de discapacidad una omisión

urielaltamirano — Fri, 10 Nov 2023 19:26:17 +0000

Juzgar con perspectiva de discapacidad una omisión

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urielaltamirano Vie, 10/11/2023 - 13:26

Fecha

Mié, 21/06/2023 - 12:00

Tema

Metodología

Derechos humanos

Autor

Título de la sentencia

SUP-JDC-216/2023

Descripción

Juzgar con perspectiva de discapacidad una omisión

Expediente: SUP-JDC-216/2023

Sentencia elaborada por: Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

Partes en pugna:

Actor: Vianey Alejandra Rico Cortez
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza

Autoridad que resuelve: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Cadena impugnativa:

Tribunal Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza
Sala Superior

Fecha de emisión de la sentencia: 21 de junio de 2023

Antecedentes

El 26 de octubre de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó la Convocatoria para obtener la acreditación de observadores electorales para el Proceso Electoral Local 2023, mismo que se publicó en el Periódico Oficial del estado el 25 de noviembre de ese año.

El 18 de mayo de 2023, Vianey Alejandra Rico, quien se autoadscribe como una persona con discapacidad visual, presentó un escrito para impugnar el acuerdo mencionado por considerar que no se implementaron los mecanismos necesarios para hacerlo accesible a personas con discapacidad visual.

El 29 de mayo, el Tribunal Electoral de Coahuila desechó la demanda por considerar que se presentó de forma extemporánea, ya que el plazo para hacerlo había vencido el día 2 de diciembre de 2022, y el acto reclamado se había consumado de manera irreparable debido a que el periodo para recibir solicitudes para participar en la observación del proceso electoral ordinario 2023 concluyó el 7 de mayo.

Inconforme con dicha resolución, Vianey Alejandra Rico Cortez promovió un juicio de la ciudadanía ante la Sala Superior señalando que el Tribunal local valoró incorrectamente el acto impugnado porque consideró que lo que impugnó la actora fue la publicación del acuerdo, no la omisión de tracto sucesivo. En otras palabras, la actora hizo alusión a la noción “tracto sucesivo” para destacar la falta de seguimiento por parte del Instituto local para que el contenido fuera accesible a las personas con discapacidad visual, así como para ajustar los procedimientos de difusión de la Convocatoria de modo que las personas con discapacidad visual pudieran conocer su contenido.

Además, la actora señaló que el acto reclamado no se había consumado de forma irreparable porque, a pesar de que había concluido el periodo de registro para participar como observadores electorales, su pretensión final no era ser observadora electoral en el proceso de 2023, sino lograr que en el futuro las convocatorias se realicen en un formato accesible y en braille para las personas con discapacidad visual.

Cuestión a resolver (Litis)

El problema jurídico se centró en determinar si fue correcta o no la decisión del Tribunal Electoral de Coahuila de desechar la demanda por extemporánea o si era posibles llegar a una determinación distinta desde una perspectiva de discapacidad.

Argumentos

La Sala Superior revocó la resolución impugnada y ordenó al Tribunal local analizar la omisión dentro de un plazo de 10 días hábiles, pues estimó que los juzgadores deben aplicar una perspectiva de discapacidad al dictar sus resoluciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Aplicar esta perspectiva implica emplear prioritariamente las normas internacionales de derechos humanos, realizar ajustes razonables al procedimiento, utilizar la suplencia de la queja, redactar las resoluciones en formato de lectura fácil, entre otras medidas.

La Sala Superior ha establecido que, para lograr una verdadera administración de justicia, en los medios de impugnación en materia electoral, los juzgadores deben leer cuidadosamente las demandas para comprenderlas adecuadamente y advertir la intención de las partes. Con base en ello, concluyó que el acto reclamado en el juicio local de la ciudadanía fue la omisión del Instituto Electoral de Coahuila de emitir mecanismos para hacer accesible la Convocatoria de Observadores Electorales a personas con discapacidad visual.

Dado que el acto impugnado fue una omisión, no la emisión de la Convocatoria, el medio de impugnación en sede local sí se presentó dentro del plazo legal, ya que una omisión es un hecho de “tracto sucesivo”, es decir, de realización constante; por lo tanto, mientras no cesaran los efectos del acto reclamado, no había concluido el plazo legal.

Además, el Tribunal local debió considerar que, como fue dictada la resolución, podía traducirse en una validación de las barreras para que personas con discapacidad visual tengan acceso a sus derechos de participación política. Por tal razón, debió privilegiar la solución del fondo del conflicto sobre los formalismos procedimentales y analizar la oportunidad de la demanda desde una perspectiva de discapacidad.

Votación

La sentencia fue aprobada por unanimidad con los votos de los Magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, José Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera, así como del Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la Magistrada Janine Otálora Malassis. La Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso estuvo ausente en la sesión en la que resolvió el caso.

Relevancia

Los juzgadores están obligados a analizar las demandas con una perspectiva de discapacidad cuando alguna de las partes se autoadscribe como una persona con discapacidad, por lo tanto, deben hacer un estudio cuidadoso de las demandas para dilucidar la verdadera intención del actor y deben privilegiar la resolución de la controversia sobre formalismos procesales.

Archivo .pdf

11.SUP-JDC-216_2023.pdf

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-JDC-0216-2023.pdf

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sala

¿Cuándo se puede inscribir a una persona en el padrón de personas sancionadas en materia de VPG?

urielaltamirano — Mon, 23 Oct 2023 19:01:16 +0000

¿Cuándo se puede inscribir a una persona en el padrón de personas sancionadas en materia de VPG?

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urielaltamirano Lun, 23/10/2023 - 13:01

Fecha

Mié, 02/08/2023 - 12:00

Tema

Violencia Política

Autor

Título de la sentencia

SM-JDC-83/2023

Descripción

Sala que resolvió: Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sentencia elaborada por: Secretaria de estudio y cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar.

Partes en pugna:

Actor: Dato personal confidencial.
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Tercero interesado: Dato confidencial.

Cadena impugnativa:

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Sala Regional Monterrey.

Fecha de la emisión de la sentencia: 2 de agosto del 2023.

Antecedentes

La actora denunció actos constitutivos de VPG derivado de diversas expresiones realizadas en dos entrevistas difundidas en Facebook y YouTube así como por la publicación de estas en un periódico digital en las que se realizaron manifestaciones relativas a estereotipos de género que invisibilizan su trabajo, trayectoria, cualidades y capacidad, al haberse resaltado su calidad de cónyuge para acceder al cargo para el que fue electa.
La autoridad admitió a trámite la denuncia y se adoptaron las medidas cautelares solicitadas, ordenando el retiro de las publicaciones denunciadas.
Al resolver la queja el Tribunal Electoral local determinó la inexistencia de la VPG en contra de la actora, pues consideró que las expresiones denunciadas constituyeron un ejercicio de reflexión y/o autocrítica respecto de los resultados del proceso electoral local de 2020-2021, por lo que estaban amparadas en el derecho de libertad de expresión.
Inconforme la actora promovió un primer juicio ciudadano mismo que fue resuelto por la Sala Regional Monterrey en el sentido de revocar la resolución para que emitiera una nueva en la que estudiara los planteamientos de la actora conforme a la metodología correspondiente a los casos que involucran VPG.
Como resultado el Tribunal Electoral Local dictó una nueva sentencia en la que declaró inexistente la VPG atribuida a las personas denunciadas, al considerar que las expresiones analizadas no contenían elementos de género, y dejó sin efectos las medidas cautelares otorgadas.
La actora presentó nuevo juicio ciudadano ante la Sala Regional Monterrey, la Sala determinó modificar la resolución del Tribunal local a fin de estimar que las frases analizadas en la resolución impugnada sí contenían estereotipos de género.
El Tribunal Electoral Local emitió un nuevo falló en el que declaró existente la VPG, impuso una multa al denunciado y ordenó medidas de reparación.
La actora impugnó nuevamente la determinación del Tribunal local, de manera particular la sanción impuesta, pues consideró que se debía inscribir al denunciado en el Registros Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, como garantía de no repetición.

Cuestión a resolver (Litis)

El problema jurídico se centró en determinar si el denunciado debía ser inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política contra la mujeres o era suficiente con la sanción económica que le fue impuesta.

Argumentos

La Sala Regional Monterrey consideró que debe modificarse la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro pues en concepto de la Sala basta con la sentencia firme que declaró la responsabilidad del infractor por VPG para que opere su registro en el padrón de personas sancionadas, ello independientemente de que en su calidad de servidor público hubiere sido sancionado por otra vía.

Adicionalmente, por lo que hace a la indebida calificación de la falta e individualización de la sanción se determinó que el Tribunal Electoral local cuenta con cierta discrecionalidad para individualizar la sanción.

Votación

Se aprobó por mayoría de votos de la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y la Secretaria de estudio y cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, con el voto en contra del Magistrado Ernesto Camacho Ochoa.

Voto aclaratorio, diferenciado o particular que emite el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa

El disenso del Magistrado estuvo relacionado con las siguientes razones:

En el primer juicio federal votó en contra, ya que consideraba que, no se acreditaba la VPG en perjuicio de la denunciante, porque las expresiones realizadas en las redes sociales y en el periódico digital resultaban insuficiente para considerar la VPG.

Por otro lado, no comparte la consideración de que el Tribunal Electoral Local debe ordenar la inscripción en los Registros Nacionales y Estatal de Personas sancionadas en materia de VPG, toda vez que el Tribunal Electoral Local considero que era una falta leve y tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, gravedad de la falta, así como las circunstancias particulares del caso. En consecuencia consideró que era improcedente la inscripción, ya que desde su perspectiva el registro no opera automáticamente en todos los asuntos, sino que depende de los elementos objetivos y subjetivos, el grado de la falta, circunstancias del caso.

Relevancia

La relevancia de lo resuelto radica en que se determina que basta con la sentencia que determiné la comisión de violencia política de género para ordenar la inscripción en el padrón de personas sancionadas.

Archivo .pdf

04.SM-JDC-83_2023.pdf

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/monterrey/SM-JDC-0083-2023.pdf

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sala

Sala Monterrey

Omisión legislativa en favor de personas de comunidades y pueblos indígenas

urielaltamirano — Mon, 23 Oct 2023 18:44:19 +0000

Omisión legislativa en favor de personas de comunidades y pueblos indígenas

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urielaltamirano Lun, 23/10/2023 - 12:44

Fecha

Jue, 27/07/2023 - 12:00

Tema

Comunidades Indígenas

Derechos humanos

Autor

Título de la sentencia

SG-JDC-55/2023

Descripción

Expediente: .

Sala que resolvió: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sentencia elaborada por: Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera.

Partes en pugna:

Actor: Dato personal protegido.
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

Cadena impugnativa:

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
Sala Regional Guadalajara.

Fecha de emisión de la sentencia: 27 de julio del 2023.

Antecedentes

El orígen de la controversia es la omisión del Congreso del Estado de Chihuahua de legislar respecto de las medidas en favor de las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas para que accedan a cargos de elección popular mediante candidaturas independientes.
Ante tal omisión, la parte actora promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, ya que desde su perspectiva se vulneraba su derecho político-electoral de ser votado como candidato independiente.
El Tribunal Local determinó inexistente la omisión legislativa y vínculo al Instituto Electoral Local para que, en caso de que el congreso del Estado no emita la legislación implemente las acciones afirmativas que resulten necesarias.
Aún inconforme la parte actora impugnó la determinación del Tribunal Local ante la Sala Regional Guadalajara.

Cuestión a resolver (Litis)

La litis consiste en determinar si existe una omisión legislativa al no tomar medidas en favor de las personas indígenas a efecto de impulsar las candidaturas independientes a cargos de elección popular o si por el contrario es suficiente con que el Instituto local las adopte.

Argumentos

La Sala Regional Guadalajara confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua ya que actualmente no es posible que el Congreso local legisle sobre candidaturas independientes de personas indígenas, pues la Constitución impide que se emitan leyes dentro de los noventa días previos a que inicie el próximo proceso electoral local, que en este caso es a partir del primero de octubre de dos mil veintitrés, es decir, ya faltan poco más de sesenta días, contados a partir de la emisión de esta sentencia.

Adicionalmente, el hecho de que el actor se reconozca como integrante del pueblo indígena Pima O’aba no le permite que deje de cumplir con los requisitos que la ley señala para ser candidato independiente, porque estos son obligatorios.

Por último, la Sala Regional Guadalajara consideró correcto que el Tribunal Local ordenara al Instituto Electoral del Estado para que dicte medidas que garanticen que las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas puedan acceder a candidaturas independientes, siempre y cuando cumplan los requisitos legales y para ello, en caso de requerirlo, podrán contar con apoyo y asesoría del instituto.

Votación

Se aprobó por unanimidad de votos de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez, del Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera y la Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada Teresa Mejía Contreras.

Relevancia

Lo relevante de la sentencia es que definé en qué momento es válido hacer valer una omisión legislativa, sumado a que acepta que los Institutos electorales pueden garantizar derechos de grupos minoritarios a través de acciones afirmativas.

Archivo .pdf

01.SG-JDC-55_2023.pdf

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/guadalajara/SG-JDC-0055-2023.pdf

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sala

Sala Guadalajara

Voto de las personas en prisión

urielaltamirano — Wed, 04 Oct 2023 21:30:29 +0000

Voto de las personas en prisión

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urielaltamirano Mié, 04/10/2023 - 15:30

Fecha

Jue, 04/05/2023 - 12:00

Tema

Elecciones

Autor

Título de la sentencia

ST-JDC-50/2023

Descripción

Sentencia elaborada por: Magistrado Alejandro David Avante Juárez

Partes en pugna:

Actor: Javier Colocia López
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), por conducto del vocal respectivo de la 38 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.

Autoridad que resuelve: Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cadena impugnativa:

38 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México.
Sala Regional Toluca del TEPJF

Fecha de emisión de la sentencia: 04 de mayo de 2023

Antecedentes

En el marco del proceso electoral en el Estado de México 2022-2023, el Instituto Nacional Electoral emitió un Acuerdo (INE/CG125/2023) mediante el que aprobó los “Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores de Personas que se Encuentran en Prisión Preventiva para los procesos electoral de los Estados de Coahuila de Zaragoza y de México”.

El 13 de marzo de 2023, Javier Colocia López solicitó su inscripción a la lista nominal en la penitenciaria del Centro de Reinserción Social (CERESO) 16, en Texcoco, Estado de México. Sin embargo, ésta le fue negada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Inconforme con la decisión, Colocia López promovió un juicio que se detalla a continuación.

Cuestión a resolver (Litis)

Determinar si debe inscribirse en la lista nominal de electores a Javier Colocia, a fin de que pueda votar en la elección del Estado de México.

Argumentos

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE le negó la inscripción en la lista nominal de electores a Javier Colocia López porque al momento de solicitar su registro no se encontraba en el Centro Penitenciario del Estado de Coahuila de Zaragoza, lugar donde se encuentra su inscripción al padrón electoral y, por tanto, donde le correspondía votar.[1]

Sin embargo, a juicio de la Sala Toluca esa decisión no fue apegada a derecho. De acuerdo con la sentencia, el voto es una obligación y un derecho para la ciudadanía. Para poder ejercerlo, la ciudadanía debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que destaca no estar privado de la libertad por haber sido sentenciado por la autoridad judicial. Además de cumplir con un proceso documental, que consiste en registrarse en el padrón electoral.

Para los efectos prácticos de la emisión del voto, la ciudadanía debe dar aviso al INE de cualquier cambio respecto de sus datos personales, como lo son su nombre, fecha de nacimiento, foto y domicilio particular, a fin de que el día de las elecciones acudan al centro de votación que les corresponde.

Ahora bien, para el caso de las personas privadas la libertad, existe una interpretación a nivel internacional que ha sido adoptada por la justicia mexicana: con base en el principio de presunción de inocencia, aquellas personas que se encuentren en prisión preventiva y que no hayan recibido una sentencia que les prive de su libertad (condena) pueden ejercer su derecho al voto desde la prisión. Por lo que las instituciones deben realizar los esfuerzos suficientes para el pleno ejercicio de este derecho.

En el caso de Javier Colocia López, se observó que la negativa principal de su registro en la lista nominal del Estado de México se debió a una diferencia entre su domicilio registrado y el lugar en el que se encontraba. Ante esto, Sala Toluca mencionó que, de acuerdo con la justicia mexicana, las personas pueden enfrentar su proceso legal en el centro penitenciario más cercano a su domicilio o en el que la autoridad responsable señale.

Esto quiere decir, que las personas en prisión preventiva no deciden en qué centro penitenciario estar, lo que implica que pueden no estar en su lugar de residencia al momento de un proceso electoral, y mucho menos tener condiciones para informarlo a la autoridad electoral.

Además, en los “Lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva para los procesos electorales locales 2022-2023 en los Estados de Coahuila de Zaragoza y de México” no se establecieron condiciones adicionales para la ciudadanía que deseara votar.

En suma, la decisión de negarle su registro en la lista nominal a Javier Colocia López por no encontrarse físicamente en el centro penitenciario más cercano a su domicilio fue restrictiva, puesto que no estuvo en él decidir donde llevar su proceso legal.

En conclusión, se revocó la decisión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y se ordenó a las autoridades electorales a realizar las gestiones necesarias para que Colocia López ejerciera su voto en la elección a gubernatura en el Estado de México.

Votación

Por unanimidad de votos del Magistrado David Avante Juárez, el Magistrado en funciones Fabián Trinidad Jiménez, y el Magistrado en funciones Miguel Ángel Martínez Manzur, ante la ausencia por vacaciones de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez.

Relevancia

En esta sentencia, Sala Toluca fijó una postura garantista para la protección del derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva.

[1] En un primer momento, la responsable alegó una causal de improcedencia para el juicio porque de acuerdo con el artículo 10, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, los datos registrales del actor no le confieren el derecho a votar para elegir representantes populares en el Estado de México, pero Sala Toluca no aceptó el argumento porque era el punto central del caso.

Archivo .pdf

21.ST-JDC-50_2023.pdf

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/toluca/ST-JDC-0050-2023.pdf

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Sala Toluca

Obligación de las radiodifusoras de transmitir los tiempos del Estado

urielaltamirano — Wed, 13 Sep 2023 18:38:21 +0000

Obligación de las radiodifusoras de transmitir los tiempos del Estado

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urielaltamirano Mié, 13/09/2023 - 12:38

Fecha

Mié, 05/07/2023 - 12:00

Tema

Comunidades Indígenas

Funcionarios públicos

Campañas

Comunicación política

Autor

Título de la sentencia

SUP-JE-1057/2023

Descripción

Sentencia elaborada por: Magistrado José Luis Vargas Valdez

Partes en pugna:

Actor: Radio Tosepan Limakxtum A.C.
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)

Autoridad que resuelve: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Cadena impugnativa:

Instituto Nacional Electoral
Sala Superior del TEPJF

Fecha de emisión de la sentencia: 05 de julio de 2023

Antecedentes

El 17 de enero de 2023, Radio Tosepan Limakxtum A.C., concesionaria de la emisora social indígena XHSIAE-FM del Estado de Puebla le consultó al INE si podía no transmitir propaganda política de los partidos políticos, pues esta iba en contra de sus valores comunitarios establecidos en su códice masewal (sistema normativo indígena). En alcance a su petición, le solicitó a la Sala Superior no aplicar la Jurisprudencia 37/2023, relacionada al caso.
El 27 de febrero, el INE respondió la solicitud de la radio de forma negativa (Acuerdo INE/CG120/2023).
Inconformes con la respuesta, controvirtieron el acuerdo mencionado ante Sala Superior. La respuesta se detalla a continuación.

Cuestión a resolver (Litis)

Determinar si la respuesta del INE estuvo o no apegada a derecho al negar la solicitud de Radio Tosepan.

Argumentos

Radio Tosepan alegó que la respuesta del INE violó su derecho al reconocimiento de los pueblos indígenas, pues no se le diferenció como concesionario social indígena en la aplicación de las normas en materia de comunicación político-electoral, lo que significó violar la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas establecidas en la Constitución Política de México. Además, señaló un indebido proceso y fallas en la legalidad al aplicar el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, sin que este contemple a los medios indígenas.

En la perspectiva de Sala Superior, los argumentos de la radio social indígena no fueron correctos, por lo que se confirmó la decisión del INE de no permitirle no transmitir la propaganda de los partidos políticos. Sin embargo, las razones de esta decisión fueron distintas de la autoridad responsable.

De acuerdo con la Sala Superior, si bien Radio Tosepan pertenece a una comunidad indígena regida por su propio sistema normativo garantizado por la Constitución, esto no la exime de sus responsabilidades como asociación civil que opera una concesión del espectro radioeléctrico; lo cual le otorga ciertos beneficios bajo la figura de concesionaria social indígena, pero al mismo tiempo le impone una serie de obligaciones, de la que se destacan los tiempos del Estado.

De lo observado por el Tribunal, la decisión del INE sí tomó en cuenta su situación de radio indígena. Sin embargo, de las leyes no se concluye que las concesiones de uso social sin fines de lucro gocen de excepcionalidades para no transmitir los tiempos del Estado, y en específico la propaganda de los partidos políticos.

También se hizo hincapié en que el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas no es absoluto; y que en este caso se enfrentó a otras obligaciones establecidas en la Constitución. Además, en su caso, Sala Superior consideró que la transmisión de la propaganda electoral no generaría una interferencia sustancial con los valores de la comunidad, toda vez que las elecciones de las comunidades indígenas de la zona de Puebla se realizan por el sistema de partidos políticos.

Si bien es cierto que existe una excepción para considerar el no transmitir los tiempos del Estado (realización de elecciones por usos y costumbres), ésta opción no aplicó en este caso en la comunidad señalada ni en otras en las que la radio tiene alcance.

Finalmente, Sala Superior reconoció que a pesar de que la Ley Federal de Radio y Televisión fue abrogada (ya no es vigente), la decisión del INE se justifica porque partió desde lo establecido en la Constitución.

Votación

Por mayoría de votos de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los Magistrados Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, José Luis Vargas Valdez; con el voto en contra del Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón y de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, quienes formularon voto particular; y con la ausencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Argumentos de los votos concurrentes y/o disidentes

Voto particular de la Magistrada Janine Otálora Malassis

En la perspectiva de la Magistrada, la decisión de la Sala Superior debió ser la revocación del acuerdo del INE y la emisión de una nueva resolución por parte del mismo instituto. La diferencia estaría en que el INE debería interpretar la ley con un enfoque intercultural que armonizara los artículos 41 y 2 de la constitución. Este ejercicio permitiría maximizar los derechos de la comunidad indígena y aplicar la igualdad sustantiva, y no solo la formal.

Para la nueva resolución, el INE tendría que haber considerado a) Si existía alguna otra radiodifusora en el territorio en que transmite la radiodifusora comunitaria; b) Si la negativa de transmitir la propaganda electoral es una decisión que apoya toda la comunidad; c) Si la concesionaria transmite todos los días de la semana, el horario de transmisión.

Voto particular del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

De acuerdo con el Magistrado Reyes la decisión tomada por la mayoría del tribunal fue errónea porque faltó utilizar una perspectiva intercultural que analizara el caso concreto más allá de una perspectiva formal y legalista. En su visión, la resolución debió partir de un test de proporcionalidad que comparara los dos derechos constitucionales confrontados.

En específico el Magistrado señaló que hubo problemas con: i) la forma en que se estudió y analizó el caso; ii) el no considerar la desigualdad estructural; iii) el no analizar la distinción entre radios comunitarias y radios sociales; iv) la falta de armonización en las leyes; v) las cuestiones técnicas de Radio Tosepan y sus particularidades culturales.

Relevancia

La importancia de esta sentencia reside el apego a derecho que la Sala Superior realizó para decidir si las radios indígenas están exentas de transmitir los tiempos del Estado a partir de su libre autodeterminación como comunidad indígena.

Archivo .pdf

01.SUP-JE-1057_2023.pdf

Url sentencia

https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-JE-1057-2023.pdf

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